EL PAPEL DEL CORREDOR PÚBLICO COMO AUXILIAR DEL COMERCIO.

Para empezar por el principio, diré que el comercio, en esencia, origen y sentido más amplio, es el intercambio de satisfactores, sean cuales sean éstos y sea cual fuere el modo de efectuar el intercambio. Bajo esta óptica, todo aquello que satisface una necesidad es un satisfactor, y toda forma de realizar el intercambio es válida, por lo que puedo afirmar que para nuestros ancestros el comercio era el aprecio por el satisfactor, hoy mercancía, con desprecio del precio, pues lo mismo el tráfico de mercancías se daba mediante la guerra, el robo, y ya más civilizados, por el trueque, siendo las mercancías armas, herramientas, esclavos, territorio, información, etc. Al paso del tiempo y con el desarrollo creciente de habilidades diversas en los grupos humanos, y con ello la división del trabajo, surgieron las primeras personas dedicadas a servir de intermediarios entre consumidores-usuarios y productores de una misma comunidad, y luego de una comunidad con otra, y con ello las primeras formas de regular la actividad del intermediarismo como expresión originaria de la actual correduría. De modo que en las sociedades primitivas primero surgió el comercio y a continuación su inseparable realizador, promotor o ejecutor: el Corredor; y posteriormente la escritura, como medio idóneo para dar permanencia y seguridad al tráfico mercantil, ya sujeto a reglas, y a los actos públicos relevantes. Así pues, la Correduría, desde su modalidad más antigua y hasta la fecha, corre al parejo con el Derecho Mercantil y el comercio y junto con éste se modifica y adapta continuamente a las nuevas circunstancias, lo que no necesariamente ocurre con la legislación civil; ¿recuerdan cuántas modificaciones ha sufrido el Derecho Mercantil en los últimos 50 años, y cuántas el Derecho Civil en los últimos 500? Y conscientes de que el comercio es el más universal, antiguo, ágil, cambiante, diverso, adaptable y creciente de los fenómenos sociales y que nosotros los Corredores Públicos somos los profesionistas idóneos para su realización, no tan sólo porque lo dice la ley, sino por el profesionalismo que nos distingue, para ser sus auxiliares en grado óptimo de eficacia y correr parejo con el desarrollo y universalidad de expresiones del comercio, la mayoría de los Corredores son postgraduados, algunos con Maestría en Valuación, o Mediadores del Poder Judicial, permanentemente actualizados en materia jurídica y demás temas relacionados con la correduría. Más aún, los Corredores sabemos que no todas las modalidades de comercio están reguladas por la ley, y en algunos casos los bienes objeto del tráfico carecen de las formalidades requeridas para su realización, y que sin embargo el comercio se realiza, como en el caso de los inmuebles cuyo propietario carece de título de propiedad inscrito en el Registro Público, pues la falta de formalidad no lo impide, como tampoco el tráfico de Concesiones de Transporte Público, o el “financiamiento a cuenta” de vehículos para el servicio de transporte público, etc., para comprender lo cual, desde el punto de vista mercantil, sugiero leer “El Misterio del Capital”, de Hernando de Soto, que leí por generosa sugerencia de nuestro colega Jorge Olivares Quiroz. En tales casos, los Corredores lo hacemos posible sin mengua de su legalidad, gracias a nuestra capacidad creativa, como en el caso de la “factura mercantil” obra de nuestro colega Jesús Mael Cantú Frías; el “contrato preparatorio de compraventa de inmueble, por intermediación de Corredor Público”, y el “pagaré con garantía”, aportación de nuestro colega Mauricio Gámez Imaz; y el “comprobante legal de propiedad y posesión de inmuebles” y el “contrato de asociación en participación entre permisionarios y choferes del transporte público”, de mi autoría, amén de otros instrumentos, estudios y propuestas jurídicas aportados por colegas como Raúl Fernández Rodríguez, Rubén Villa Léver, Rafael Angulo Cebreros, Manuel Fernández Peralta, Joaquín Oseguera Iturbide, Pedro Eduardo Silva, Alejandro Burciaga Molinar, y otros brillantes exponentes de la Correduría Pública; aportaciones que por estar legalmente fundadas y representar soluciones viables a problemas que parecían irresolubles, hablando sin falsa modestia, podrían convertirse a la postre en derecho vigente, para comprender lo cual sugiero la lectura de “La Ciudad Antigua”, de Foustel de Coulanges, que trata de cómo se formaron las instituciones del Derecho Romano, desde sus orígenes. Por otra parte, sabemos que con el resurgimiento de nuestra profesión, por virtud de la expedición de la LFCP y su Reglamento, en la medida que crecemos estamos recuperando espacio en actividades propias de la Correduría, que ya otros gremios estaban explotando (valuadores e intermediarios), por lo que nos consideran “invasores” de lo que creían suyo, no obstante que estamos facultados expresa y específicamente por varias leyes a desempeñar cada una de nuestras funciones, lo que no ocurre con ellos, que se amparan únicamente en el Artículo 5° Constitucional. Aunado a lo anterior, reconocemos que durante nuestra involuntaria “capitis diminutio”, en el mercado de servicios fedatarios, nuestros competidores “se sirvieron con la cuchara grande”, arrogándose facultades que de origen no les corresponde, como fedar en asuntos regulados por las leyes federales, no obstante ser tan sólo fedatarios locales, gracias al poder político que detentan, por constituír, más que un gremio fedatario, una élite política, por estar incrustados en los 3 Poderes del Estado y en los 3 niveles de gobierno, con clara violación a las prohibiciones expresas contenidas en los Artículo 49 y 101 Constitucionales, de no concentrar más de un Poder del Estado en una sola persona o corporación (Consejo de Notarios), ni aceptar ni desempeñar empleo o encargo, salvo los cargos NO REMUNERADOS, lo que les permite ejercer impunemente el tráfico de influencias para legislar (notarios-Diputados-Locales-y-Federales-y-Senadores: Benítez Treviño, Camacho, Navarrete Prida, etc.); ejecutar la ley (notarios-funcionarios-públicos; Miguel Alessio, Asesor Jurídico presidencial); y juzgar (Ministros-notarios: Aguirre Anguiano-Sánchez Cordero), razones por la que constituyen el principal obstáculo para nuestra reivindicación profesional, pues son el problema a resolver y además son juez y parte. Pues bien, no obstante el cúmulo de datos a nuestro favor que he referido, desde la expedición de la LFCP estamos ante una situación paradójica: por una parte, el número de Corredores aumenta y cada vez también aumenta nuestra clientela, lo que significa que hacíamos falta, que somos socialmente útiles; y por la otra, que la autoridad, en vez de obrar en consecuencia y apoyar nuestras actividades “con toda la fuerza del Estado”, propiciando legalmente la reivindicación de todas nuestras facultades tradicionales, incluida la de fedar en materia inmobiliaria, ha hecho exactamente lo contrario, pues las veces que ha modificado la legislación que incide en nuestro quehacer, lo ha hecho para restringir nuestras facultades y sobrerregular nuestras funciones, como ahora que seguramente lo hará vía reforma a nuestro Reglamento. ¿Y qué hemos hecho para impedirlo, salvo estudios y propuestas alternativas de solución jurídica, cuando que el principal problema es político y por ende la solución también debe serlo? Estamos conscientes de que la autoridad, por la naturaleza de sus funciones, en su afán de gobernar o controlar todos los fenómenos sociales, a las veces incurre en excesos e injusticias, atentando incluso contra las características de nuestras funciones, que son las mismas del comercio: simplicidad, seguridad y economía, al pretender sobrerregularlas mediante disposiciones de dudosa o nula eficacia, sin que a la fecha hayamos opuesto, todos y cada uno de nosotros, todas y cada uno de los recursos legales y políticos que la ley pone a nuestra disposición, para que los hagamos valer como cualquier ciudadano de la República al ser perjudicado por un acto de autoridad injusto e ilegítimo, sin olvidar el diálogo respetuoso, dado que aunque quizá obran de buena fe, no siempre son las personas idóneas para desempeñar el cargo, pues suelen juzgar la actuación de los Corredores con criterio civilista, contrario a la naturaleza de nuestra función. ¿Por qué hemos incurrido en esta omisión que nos perjudica en lo personal, como gremio y a la Institución misma de la Correduría?, ¿olvidamos ya que somos Abogados, y que si todos combatimos jurídicamente todas las arbitrariedades, el problema deja de ser jurídico para transformarse en político? Ésta es la clave, evidenciar ante todo mundo que es político y público, lo que aparenta ser jurídico y privado. ¡Para eso estamos aquí, hoy, en el Heroico Puerto de Veracruz!, para conocernos y para reconocernos como integrantes de un mismo gremio, como practicantes de un mismo oficio que ejerceremos seguramente el resto de nuestra vida, para analizar y discutir el por qué de nuestra omisión autodestructiva en la defensa de nuestros intereses vitales; para intercambiar información, experiencias profesionales de todo tipo, “tips” de negocios, problemas y propuestas de solución, lo mismo individuales que de todo el gremio; para comprobar, en fin, que como Corredores son más nuestras coincidencias que nuestras diferencias, lo que debe motivarnos a la solidaridad recíproca en las acciones en defensa de intereses legítimos, aportando ideas y propuestas de solución, no abandonando a colegas en la lucha, porque lo que hoy les hagan, mañana podrían hacérnoslo, y no habrá quién nos respalde. Y todo ello partiendo de la convicción de que somos un gremio profesional que, en el proceso de reivindicar la posición que legal e históricamente nos corresponde, tenemos que enfrentar no sólo las dificultades propias del mercado, sino la oposición incluso de algunos colegas que creen estar de paso en la Correduría, de nuestros competidores y de las mismas autoridades, sujetas a presiones de la élite y a su formación jurídica civilista, y que a pesar de ello, hemos de considerarlos y tratarlos respetuosamente, como lo que son, no como enemigos, porque como dicen que dijo Octavio Paz: “Las diferencias no hacen enemistades”. Por su atención, muchas gracias. 
Atentamente. 
Veracruz, Ver., 12 de noviembre de 2011. 
Lic. Adrián García Fierro, 
Corredor Público N° 2, Plaza Guerrero.

Reunión de Corredores Públicos

REUNIÓN DE CORREDORES

Por medio de la presente me permito hacer una Atenta Invitación a todos los Corredores del País a Una "Reunión de Trabajo" que tendrá lugar el día 12 de Noviembre de 2011 en el Restaurante Condimento del Hotel Emporio en el Puerto de Veracruz; a las 9:00 A.M; con la finalidad de compartir experiencias, escuchar propuestas y lograr acuerdos que nos permitan emprender acciones concretas encaminadas a defender nuestros intereses y consolidarnos como gremio.

Toda vez que se trata de Reunión de Trabajo se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Papel del Corredor Público como Agente Auxiliar del Comercio.

2.- Intercambio de Ideas, "Tips" de trabajo y Material, entre los Asistentes.

3.- Exposición y Análisis de la Situación Actual de la Correduría en los Siguientes Rubros:

a) Legal.

b) Con las Autoridades.

c) Con la Competencia.

4.- Propuestas de Actividades a realizar en Defensa de la Correduría y del Gremio.

5.- Asuntos Imprevistos.

Nota-1.- Se deja a consideración de los asistentes el que tengamos una Cena de Clausura con la idea de convivir, conocernos e integrarnos más como grupo, aprovechando la estancia en el Puerto.

 

Nota-2.- Para fines de logística, favor de confirmar su asistencia.

 

Atentamente

Lic. Román García Bravo.

Corredor Público número 15

Plaza Veracruz.

(271) 712 62 73

A Benito Juárez García.

• Hoy como nunca en la historia
  reclamamos tu presencia,
  para tornar en victoria
  ... la derrota de tu ausencia.
  
  México ya no es la misma
  Patria que nos heredaste;
  la corrupción nos abisma
  a la miseria, como lastre.
  
  Cual corcho en desamparo,
  que no navega ni se hunde,
  vamos sin rumbo ni destino
  
  en el mar, buscando el faro
  de tu ejemplo, que infunde
  confianza en nuestro sino.
  
  Acapulco, Gro., 17/03/04. agf.
  

¿Derecho o dogma notarial?

En el número 147, correspondiente al mes de junio anterior, de la revista "El Mundo del Abogado", se publicaron sendas opiniones sobre el notariado; una, denominada "Rentismo notarial: un impuesto a la formalidad", es del sr. Alejandro F. Noriega, quien aborda la función notarial desde el punto de vista económico-social, afirmando que es ineficiente, caro e insuficiente, y en consecuencia constituye un obstáculo al desarrollo económico nacional, coincidiendo plenamente con la tesis del Banco Mundial, la cual es producto de sus investigaciones en estadística económica y del mercado de servicios fedatarios, siendo de destacar: "Los notarios habitan el limbo jurídico, pues ni son agentes económicos ni funcionarios públicos, por lo que no están sujetos a regulación externa alguna; arbitrariamente mantienen bajo el número de notarios, para asegurar que la demanda sea siempre mayor a la oferta y así vender caro sus servicios, lo que excluye a los pobres, condenándolos a la informalidad jurídica y vuelve la "seguridad jurídica" en artículo exclusivo para ricos, y violan la ley al no prestar personalmente sus servicios, lo que es físicamente imposible por el gran número de negocios que desahogan simultáneamente".

La otra opinión, denominada "¿Para qué necesitamos a los notarios públicos?", es del Notario Víctor Humberto Benítez González, quien expone sus razones por las que la existencia y función notarial es necesaria, tal como lo enuncia el título de su opinión, la que, para empezar, parte de una situación no probada, como lo es el hecho de que "necesitamos" a los notarios públicos; y por el mismo tenor, expone como razones que fundamentan su afirmación inicial (formulada como pregunta): "... si los notarios no dieran certidumbre jurídica y gozaran de credibilidad entre la población, ¿por qué los políticos recurrirían a ellos para que dieran fe de sus compromisos?; porque tradicionalmente ha sido una institución que ha fomentado la legalidad y es fundamental para el establecimiento del Estado de Derecho; se brinda seguridad jurídica y se garantiza una adecuada actuación en el ámbito mercantil; desempeña una función interesante al regularizar la posesión y la tenencia de la tierra, al asesorar en materia testamentaria o en la protocolización de actos agrarios; peritos con la preparación y herramientas necesarias para orientar en su actuación a los clientes; Duplicar o triplicar el número de notarías no modificaría los costos (parafraseando: con notario topamos ¡hasta aquí llegó la ley de la oferta y la demanda! y su pretendida validez absoluta); El argumento económico del costo no es la razón por la que algunas personas no acuden al notario ..... Equivaldría a decir que el grueso de la población no acude a los médicos particulares porque sus servicios son muy caros; si se pagan seis pesos, cinco son por concepto de contribuciones y el peso restante es el honorario del notario; y los corredores públicos sólo tienen intervención en actividades mercantiles y poseen facultades para realizar avalúos."

Posteriormente, en el número 149 de "El Mundo del Abogado", correspondiente al mes de septiembre en curso, se publica la opinión del catedrático Rafael Ruiz Mena, titulada "¿De verdad queremos desaparecer a los notarios?", la que, para empezar, parte de un supuesto falso, pues los opinantes mencionados jamás trataron la "desaparición de los notarios", y continúa: "... virulentos ataques a la función notarial, argumentando ... que constituyen un monopolio cuyos servicios sólo pueden costear las clases adineradas, e incluso representan un obstáculo para el desarrollo del país; no termino de entender a quienes pretenden desprestigiar y restar valor a una de las instituciones jurídicas que mejor funcionan en nuestro país; uno de los poquísimos gremios de abogados que escapan de estas consideraciones generales (desconfianza de la población), es precisamente el de los notarios; sí, la gente confía en los notarios; ¿por qué habría un notario, que goza de prestigio profesional, que técnicamente está bien preparado y que tiene su problema económico resuelto, prestarse a un acto de corrupción?, no hay razón y por eso no lo hacen; ¿por qué, insisto, dinamitar la figura y la función, alegando que son un monopolio y ganan muy bien?, francamente eso me parece mezquino; imagine el lector qué pasaría si el trabajo que ahora realizan los notarios de pronto pasara a manos de burócratas municipales y delegacionales de medio pelo ¿se imaginan?, no quiero ni imaginarlo; seguridad jurídica, sí, eso es lo que ofrece un notario, se trata de peritos con la preparación necesaria para asesorar y orientar su atención; en muchos casos existe la posibilidad de hacer las cosas violentando la ley, eso no sucede cuando hay un notario de por medio; no es destruyendo una institución como lograremos avanzar; espero que la crítica de Alejandro Noriega (el primer opinante) no sea consecuencia de ser un abogado que infructuosamente intentó ser notario y no lo logró y que, por ese hecho, se convierte en uno de los peores enemigos de los notarios".

OBSERVACIONES. Analizadas las tres opiniones reseñadas, llego a la conclusión de que, al Notario Víctor Humberto Benítez González, le es aplicable puntualmente la crítica inicial vertida por el señor Alejandro F. Noriega: "... Los notarios parecían más versados en refranes que en buenos argumentos. Al son de dichos y ocurrencias ("Notaría abierta, juzgado cerrado"), abogados necios defendían posiciones aún más necias". Ello es así porque, no obstante que el notariado pretende la existencia del "Derecho Notarial" como una ciencia o rama especial del Derecho, no suelen sustentar sus opiniones en la "cientificidad" de su oficio, no justifican racionalmente el por qué de sus dichos, como si fuesen dogmas religiosos que como tales están exentas de comprobación, omisión de suyo lógica, pues tal pretensión no es más que un sofisma, ya que para considerar un conjunto de conocimientos como ciencia, debe contar con un objeto propio de estudio, un método de investigación específico y principios generales cuya aplicación asegure la coherencia y congruencia entre sus postulados, y sus hipótesis deben ser comprobables y repetibles, de lo cual carece el "Derecho Notarial", razón por la cual los notarios se defienden con dichos y ocurrencias carentes de sustento en la realidad jurídica, social y económica.

A su vez, la crítica formulada por el catedrático Rafael Ruiz Mena a la opinión del señor Alejandro F. Noriega (a quien trata de descalificar como persona), aunque difuminada a lo largo de su exposición, en cuanto a que tal opinión no es más que la investigación efectuada por la Comisión de Competencia Económica, la estimo procedente, aunque sin demérito de la opinión del señor Noriega, pues en ningún momento se atribuye la autoría de los datos que sustentan su opinión, de suyo válida y comprobable cuantas veces se repita el ejercicio estadístico, y al final cita a los autores y entidades consultadas.

Por último, la opinión que formula el catedrático Rafael Ruiz Mena, amén de repetir las ocurrencias del notario mencionado, tergiversa y exagera el sentido de la crítica del señor Alejandro F. Noriega, quien en ejercicio de su derecho ciudadano, expresó su opinión fundada sobre lo que en su concepto atenta contra la economía nacional, sin proponer ni la desaparición ni dinamitar la institución del notariado, como pretende hacernos creer el catedrático.

Por mi parte, coincido con el señor Alejandro F. Noriega en su crítica, y considero que la institución del notariado es de suyo valiosa y es factible mejorar su eficiencia y transformarla en un activo agente de promoción económica, pero para que esto sea posible, primero habrá que rescatarla de las manos de la "clase política" que la tiene secuestrada, en perjuicio del Derecho, de la economía nacional, del gremio de los abogados y la institución notarial misma.

En conclusión, cabe preguntar: ¿el llamado Derecho Notarial es una ciencia verdadera o un dogma?, pues al tratar la cuestión notarial como un ente de validez absoluta, inmutable e incuestionable, independiente de la realidad económica, cultural y política en que se desenvuelve, como lo hacen los notarios y sus defensores oficiosos, incurren en el error denunciado por Platón en su Diálogo de Minos, (según cita del Corredor Jesús Mael Cantú Frías): "La ley aspira a ser un hallazgo de lo real; por tanto, quien se equivoca en lo real, en lo lícito se equivoca".

Acapulco, Gro., 23 de septiembre de 2011.

Lic. Adrián García Fierro.

¡Ofertón fedatario!

La Correduría Pública Número 2, Plaza Estado de Guerrero, consciente de la importancia de fomentar el crecimiento económico de la entidad, otorga a los empresarios establecidos y emprendedores, un descuento del 10% en los honorarios en todos los servicios que presta, tales como constitución de sociedades mercantiles (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, de producción rural, cooperativas, sociedades financieras comunitarias, ahorro y préstamo, etc.); sociedades y asociaciones civiles; redacción y formalización de actas societarias; contratos, cesiones de derechos (permisionarios, negocios); certificación de copias; avalúos fiscales y/o comerciales; poderes, entre otros.

Este descuento solamente será válido en el domicilio ubicado en Jesús Carranza 9, despacho 2, en el centro de Acapulco, Guerrero, teléfonos (744) 482 62 24 y fax (744) 483 49 07, y para hacerlo efectivo deberá mostrar la impresión de anuncio. Válido hasta el 30 de noviembre de 2011.

Despenalización de las drogas. Obras inéditas de Adrián García Fierro.

¿Por qué no despenalizar la producción, tráfico y consumo de drogas?, ¿se teme que al no ser delito, todos los mexicanos nos dedicaremos a eso?. La educación superior no está penalizada, ni la asistencia a los templos religiosos, y sin embargo no por eso todos los mexicanos gozamos de educación superior, ni pasamos la vida en los templos. Tampoco está penalizada la producción, tráfico y consumo de vinos, tabaco, caviar, miel, escamoles, aceite de olivo y otras viandas, y no por eso estamos todos los mexicanos dedicados a ello. Tampoco está penalizada la búsqueda, extracción, pulido, montaje y ostentación de diamantes y otras piedras preciosas, y no por eso nos dedicamos a hacerlo todos los mexicanos. Mucho menos es delito comer tres veces al día todos los días, calzar zapatos, las sanas diversiones, la cultura y "turistear", y no obstante no lo hacemos todos los mexicanos. Luego entonces: la penalización de la producción, tráfico y consumo de drogas heroicas (que supongo las llaman así porque hay que ser un héroe para consumirlas): ¿beneficia todos los mexicanos? ¿En qué? AGF

La guerra contra el narcotráfico (la inseguridad) y sus sofismas.

Las adicciones son solución falsa a problemas verdaderos, sean parte de la personalidad del adicto o de su entorno. Consecuentemente con la naturaleza de las adicciones (solución falsa), y sus causas (internas o externas del adicto), la batalla o guerra contra las adicciones puede también ser falsa o verdadera y, por ende, válida o nó, y a la postre eficaz o ineficaz.

Me explico. Siguiendo la máxima: "La causa de la causa es causante de lo causado", pregunto: ¿es el subdesarrollo, manifestado en la falta de empleos, poca y mala educación y ausencia de valores éticos en los ciudadanos comunes, y la corrupción e impunidad de la "clase política" (políticos de todos los partidos), lo que ha generado la inseguridad por el florecimiento del narcotráfico y demás delitos?, o ¿es la inseguridad lo que ha generado el subdesarrollo crónico de México, al que un Presidente tuvo la ocurrencia de calificar como "país en vías de desarrollo", para disfrazar que en realidad es un país subdesarrollado?

En otras palabras: ¿qué fue primero: el subdesarrollo o la inseguridad por el crecimiento desmedido de la delincuencia? y consecuentemente: ¿quién generó a quién: el subdesarrollo a la inseguridad o ésta al subdesarrollo?

Así las cosas: ¿qué es lo verdaderamente importante, trascendente y lógicamente válido: la "guerra contra el narcotráfico" o la guerra contra el subdesarrollo en todos sus frentes: educación, empleo y ética social (cero corrupción y cero impunidad)?.

En otras palabras: quién es el verdadero, principal y permanente enemigo de México: la inseguridad o el subdesarrollo?; suponiendo que este gobierno ganara su "guerra contra el narco", ¿dejaríamos por eso de ser un país subdesarrollado y pasaríamos automáticamente a ser un país desarrollado?; por el contrario: si pueblo y gobierno emprendiésemos una lucha conjunta contra el subdesarrollo y la ganara, ¿acabaría automáticamente la inseguridad, el narcotráfico y demás delitos; acabaría total o parcialmente; a corto, mediano o largo plazo?

Para terminar: ¿es el subdesarrollo o la inseguridad por la delincuencia desbordada el verdadero problema?; ¿cuál es la solución verdadera, válida y eficaz: la guerra contra la inseguridad o la guerra contra el subdesarrollo? y ¿qué estamos dispuestos a hacer para solucionar definitivamente nuestro problema (o no es "problema" y no es "nuestro"). Conste que no existen verdades absolutas y que todos los fenómenos sociales se influyen dialécticamente.

Acapulco, Gro., 09-09-11. Adrián García Fierro.